Noticias
A poco más de un año de la presentación del proyecto, la portabilidad financiera ya es ley. Tras el exitoso fin del trámite parlamentario, el Presidente Sebastián Piñera promulgó esta nueva norma que les permite a particulares y empresas cambiarse con mayor rapidez y facilidad de proveedores de productos financieros.
Las entidades financieras -bancos, cooperativas de ahorro, cajas de compensación- tienen plazo hasta el 1 de septiembre para adaptarse a la nueva normativa.
Siguiendo un modelo similar al de la portabilidad numérica en la telefonía móvil, la nueva Ley de Portabilidad Financiera busca facilitar a las personas que tienen cuentas de ahorro, cuentas vistas, chequeras electrónicas, líneas de crédito, tarjetas de crédito y débito, créditos hipotecarios, de consumo y automotrices, entre otros, solicitar el cambio de institución financiera.
El objetivo es aumentar la competencia para que las personas accedan a servicios y productos financieros en mejores condiciones, con la consiguiente reducción de los costos y el tiempo que tarda el trámite de cambio de institución. “Esta ley va a mejorar la competencia y la transparencia en el mercado financiero, y va a terminar con los deudores cautivos de sus instituciones”, afirmó el Mandatario en el Palacio de La Moneda.
La ley establece un mecanismo que permitirá comparar la totalidad de costos, intereses y comisiones que se cobran por los productos contratados, simplificando mucho a comparación de alternativas para el cliente.
Para hacer uso de este beneficio en el caso de un crédito hipotecario, un particular tiene dos caminos. Por un lado, puede partir solicitando a su institución financiera el certificado de liquidación, documento gratuito que individualiza su crédito con la tasa, comisiones aplicables y el valor del prepago total; luego, deberá entregar ese certificado a la institución financiera donde quiere cambiarse y solicitar la portabilidad financiera (proceso a cargo de las entidades respectivas).
El otro camino, que la autoridad estimulará, es cotizar directamente con una nueva institución financiera e informarle que quiere portarse con sus productos financieros: la nueva institución podrá realizar todo el trámite.
Hasta antes de la promulgación, el trámite de “cambio de banco” era factible pero caro y muy engorroso. Se prevé que los costos asociados bajarán cerca de 60%; el tiempo del trámite, un 40%. Un ejemplo concreto: para refinanciar un crédito hipotecario de 1.000 UF, el costo se reducirá de un promedio de $700.000 a $280.000; el cambio debiera concretarse aproximadamente 30 días después de la solicitud.
La nueva ley no fija un límite de cambios de entidades financieras, por lo cual los clientes podrán portarse cuantas veces lo estimen conveniente si sus solicitudes son aceptadas por nuevas compañías.