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El Presidente Sebastián Piñera firmó una modificación a la Ley de Arriendos, que data de 1982. El objetivo es modernizar la norma para terminar con los abusos de los arrendatarios morosos.
Se estima que cada año se presentan cerca de 20.000 demandas de arrendadores que buscan sacar de sus propiedades a arrendatarios que no les pagan. La ley, en estos casos, no le otorgaba al dueño ningún derecho para obligar a los deudores a abandonar la vivienda.
Con la modificación, se agilizan los procesos de resolución de controversias, se aceleran los sistemas de notificación a los demandados y se permite que los jueces restituyan los inmuebles a sus dueños durante el trámite del juicio.
En la práctica, los dueños podrán presentar demandas contra arrendadores morosos si necesidad de contratar un abogado; los jueces, en tanto, tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para dictar sentencias. A la vez, si el arrendatario moroso ha dejado impagos los servicios básicos (agua, electricidad o gas), ahora esas deudas quedarán a su nombre.